¿Puede el Gobierno de Canadá retirarle la ciudadanía que ya le otorgó? Lo que está pasando ahora mismo con el Bill C-3

Lo que está ocurriendo esta semana en Canadá es, sin exageración, uno de los eventos migratorios más inquietantes que he visto en mis 26 años de ejercicio profesional.

El Ministerio de Inmigración de Canadá, IRCC, por sus siglas en inglés está enviando notificaciones a personas que ya recibieron su certificado de ciudadanía canadiense, exigiéndoles que lo devuelvan mientras sus expedientes son sometidos a revisión. No a solicitantes en proceso. A personas que ya tenían su ciudadanía en mano.

Todo comenzó el 15 de diciembre de 2025: el Bill C-3

Para entender lo que está pasando hoy, hay que remontarse a diciembre del año pasado.

El 15 de diciembre de 2025, el Gobierno de Canadá aprobó el Bill C-3, una ley que modificó la Ley de Ciudadanía canadiense y eliminó el llamado “límite de primera generación” en determinadas situaciones. Antes de esta reforma, un ciudadano canadiense podía transmitir su ciudadanía a sus hijos nacidos fuera de Canadá, pero únicamente a la primera generación nacida en el extranjero. Los hijos de esa primera generación, es decir, la segunda generación nacida fuera de Canadá quedaba excluidos, incluso si tenían una conexión genuina con el país.

Esta ley llegó como respuesta directa a una decisión judicial: el 19 de diciembre de 2023, la Corte Superior de Ontario declaró que las disposiciones clave de ese límite de primera generación eran inconstitucionales, al producir resultados injustos para los hijos de canadienses nacidos fuera del país.

El efecto del Bill C-3 fue inmediato y de gran alcance. La ley fue retroactiva y automática: cualquier persona que habría sido ciudadana de no ser por ese límite fue reconocida como ciudadana desde su nacimiento.

El problema: miles de personas reclamaron lo que les correspondía por ley. Y el sistema no estaba preparado.

Era predecible. Cuando se abre una puerta de ese tamaño, la gente entra. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se otorgaron 13,310 aplicaciones aprobadas por el Bill C-3.

Al 10 de junio de 2026, los datos del propio IRCC muestran que 82,000 personas están actualmente en espera de que sus solicitudes de certificado de ciudadanía sean procesadas.

Lo que nadie anticipó o al menos nadie comunicó públicamente es que parte de esas solicitudes aprobadas presentaban, según IRCC, documentación insuficiente para sostener el derecho reclamado. Y en lugar de resolver eso durante el proceso de revisión, muchos certificados fueron emitidos de todas formas.

Lo que ocurrió el fin de semana del 13 de junio de 2026

El 15 de junio de 2026, IRCC envió correos electrónicos a personas que ya habían recibido sus certificados de ciudadanía por descendencia bajo el Bill C-3, instruyéndoles a entregar sus certificados mientras sus expedientes eran sometidos a revisión. La notificación fue firmada por la Registradora de Ciudadanía Canadiense, Peggy Sun, y afectó a aproximadamente 4,075 personas, cerca de la mitad de ellas nacidas en los Estados Unidos.

IRCC confirmó a medios internacionales que es “consciente de que un número limitado de personas que obtuvieron un certificado de ciudadanía bajo el C-3 han sido notificadas de que su expediente está bajo revisión”, añadiendo que el propósito es “determinar, mediante un proceso individualizado, si el certificado fue debidamente emitido con base en la evidencia requerida por ley”.

Traducido al lenguaje cotidiano: el gobierno aprobó solicitudes, emitió certificados oficiales de ciudadanía, y ahora está diciendo que algunas de esas aprobaciones pueden haber sido un error y quiere los certificados de vuelta mientras lo averigua.

¿Puede IRCC hacer esto legalmente?

Esta es la pregunta que todo el mundo está haciéndose esta semana, y con razón.

Es importante hacer una distinción técnica crítica: una revocación formal de ciudadanía bajo el artículo 10(1) de la Ley de Ciudadanía es un proceso legal separado que aplica cuando la ciudadanía fue obtenida mediante fraude, falsa representación u ocultamiento deliberado de información. Las notificaciones actuales no alegan fraude. Alegan que la documentación presentada no cumplió con los estándares probatorios de IRCC lo cual es una categoría de preocupación diferente.

Lo que me preocupa como profesional  y lo que debería preocuparle a usted

Más allá de los tecnicismos legales, hay algo que ningún comunicado oficial de IRCC abordará con honestidad: el problema no empezó con los solicitantes. Empezó con un sistema que aprobó documentación que, según sus propios estándares, no era suficiente.

Detrás de cada uno de esos 4,075 certificados hay una persona real. Una familia que reorganizó su vida en torno a ese documento. Que tomó decisiones laborales, educativas, migratorias, basándose en una aprobación oficial del gobierno de Canadá. Y ahora esa base se está cuestionando no por fraude, sino por una deficiencia en el proceso de revisión que el propio IRCC debió haber detectado antes de emitir el certificado.

Eso no es un error administrativo menor. Es una falla sistémica con consecuencias humanas reales.

El uso creciente de inteligencia artificial y procesamiento automatizado en los sistemas de IRCC ha aumentado la velocidad de las decisiones, pero no necesariamente su precisión ni su equidad. Una aprobación generada por un sistema automatizado que luego es revertida manualmente no es simplemente una corrección burocrática es una contradicción que pone en tela de juicio la confiabilidad de todo el proceso.

¿Qué debe hacer si usted o alguien que conoce recibió una de estas notificaciones?

Primero: no entregue ningún documento sin asesoría legal. Usted tiene derecho a un proceso individualizado y a presentar evidencia adicional antes de que se tome cualquier decisión final.

Segundo: el hecho de que su expediente esté “bajo revisión” no significa que su ciudadanía haya sido revocada. Su solicitud está siendo reexaminada, no cancelada. Tendrá la oportunidad de presentar evidencia documental adicional, y si se confirma su derecho, su certificado le será devuelto.

Tercero: busque representación legal calificada e inmediatamente. Este no es el momento para soluciones improvisadas ni para gestores no autorizados. Las implicaciones de una revocación de ciudadanía son permanentes y de gran alcance.

He construido mi carrera representando a personas que confían en que el sistema funcionará correctamente. Y la mayoría de las veces, cuando una solicitud está bien preparada, con documentación sólida y asesoría competente, funciona.

Pero casos como este me recuerdan que ningún proceso migratorio debe tomarse a la ligera, y que la preparación adecuada no es un lujo sino una protección. Un documento mal sustentado en la solicitud inicial puede convertirse, meses o años después, en el argumento que el gobierno use para revertir lo que usted creía consolidado.

El futuro migratorio de una persona — y el de su familia — no puede quedar en manos de un proceso incompleto. Ni el suyo tampoco.