Durante décadas, Canadá ha cultivado una reputación global como un país abierto y acogedor para inmigrantes de todo el mundo. Esta imagen, sin embargo, está a punto de cambiar drásticamente. Recientes anuncios del gobierno y documentos internos revelan un giro masivo hacia políticas migratorias más restrictivas, un cambio que va mucho más allá de un simple ajuste.
El gobierno canadiense describe sus acciones como una “reestructuración” necesaria para balancear el sistema. No obstante, la evidencia sugiere una transformación mucho más profunda y severa. Desde tiempos de espera que desafían la lógica hasta nuevos poderes ministeriales sin precedentes, el panorama migratorio canadiense se está volviendo más complejo y desafiante. A continuación, desglosamos los cinco cambios más impactantes que definen esta nueva y preocupante realidad.
1. Tu aplicación podría tardar 50 años en procesarse
La nueva realidad de los tiempos de procesamiento es, como mínimo, alarmante. Un documento oficial del propio gobierno, conocido como el “Transition Binder 2025” y presentado por la Ministra de Inmigración, Lena Metlege Diab, revela una cifra que parece un error tipográfico: los tiempos de procesamiento para solicitudes bajo la categoría de “Razones Humanitarias y de Compasión” podrían extenderse hasta 600 meses, es decir, 50 años.
La propia Ministra confirmó esta información en una entrevista de radio, y su Directora de Comunicaciones, Laura Blondeau, la corroboró posteriormente, asegurando que no se trata de un error. Es un reflejo del enorme volumen de solicitudes acumuladas y de los estándares de revisión más rigurosos que se están aplicando. En la práctica, una espera de 50 años equivale a un rechazo para la gran mayoría de los solicitantes, convirtiendo una vía de esperanza en un callejón sin salida administrativo.
Este panorama desolador, sin embargo, no es solo un problema administrativo; es la justificación que el gobierno parece estar construyendo para otorgarse un poder sin precedentes.
2. El gobierno se otorga el poder de cancelar categorías enteras de solicitudes
La “solución” del gobierno a este caos administrativo es el polémico Proyecto de Ley C-12, oficialmente titulado “Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act” (Ley para el Fortalecimiento del Sistema Migratorio y las Fronteras de Canadá). El espíritu de esta ley es claro y contundente: otorgar al Ministro de Inmigración la autoridad para suspender, aplazar o incluso cancelar categorías completas de solicitudes cuando se consideren incompatibles con el “interés público” o las “necesidades operativas” del país.
Analistas sostienen que la publicación de estos tiempos de espera no es casual, sino una estrategia para justificar la necesidad de “borrar” aplicaciones en masa, tal como lo permitiría esta nueva ley. La redacción intencionadamente ambigua de términos como “interés público” no está claramente definida, lo que podría permitir un uso discrecional y amplio de este poder, lo que permitiría al ministro actuar de forma ejecutiva una vez aprobada la ley.
3. No es una amenaza vacía: Canadá ya ha borrado cientos de miles de aplicaciones en el pasado
La idea de cancelar solicitudes en masa no es una hipótesis; es un hecho con precedentes históricos en Canadá. En 2012, el gobierno federal, bajo la dirección del entonces Ministro de Inmigración Jason Kenney, implementó una de las reformas más drásticas del sistema migratorio.
Mediante cambios legislativos, se eliminaron aproximadamente 280,000 solicitudes del programa Federal Skilled Worker (el principal programa del país para atraer a profesionales calificados) que habían sido presentadas antes de 2008. Miles de personas que habían esperado durante años vieron sus expedientes borrados del sistema. Apenas dos años después, en 2014, el gobierno repitió la medida, cancelando todas las solicitudes pendientes para las categorías de inversores y empresarios. Estos eventos demuestran que los poderes que se buscan con el Proyecto de Ley C-12 no son teóricos y podrían ser utilizados de nuevo. Y mientras el gobierno se arma con el poder de eliminar a quienes esperan desde fuera, su nueva estrategia se enfoca en una clara división: priorizar a los que ya están dentro.
4. La nueva estrategia: Integrar a los que están dentro, restringir a los que quieren entrar
Tanto el Primer Ministro de Canada como la Ministra de Inmigración han confirmado un cambio fundamental en la estrategia migratoria del país. El nuevo enfoque se centrará en restringir el flujo de nuevos residentes temporales, como trabajadores y estudiantes, que buscan llegar a Canadá.
En contraparte, el objetivo principal será integrar a aquellos que ya se encuentran legalmente en el país. Esta prioridad fue afirmada directamente por las autoridades, dejando claro el nuevo paradigma que dividirá a los aplicantes en dos grupos con oportunidades muy diferentes.
“Nuestro objetivo es enfocarnos a integrar plenamente a quienes ya se encuentren en el país estudiando o trabajando.”
En la práctica, esto crea un sistema de dos niveles: una vía rápida para un grupo selecto de residentes temporales y un muro cada vez más alto para el resto del mundo.
5. Se acelera la expulsión de solicitantes de asilo rechazados
Esta estrategia de “unos dentro, otros fuera” se complementa con una política de tolerancia cero para quienes se encuentran en el país sin un estatus aprobado. Paralelamente a la restricción de nuevas entradas, el gobierno está intensificando sus esfuerzos para acelerar el “retorno a casa” o la remoción de solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido denegadas.
¿Reestructuración o fin de una era?
Los hechos son claros: Canadá está entrando en una nueva era migratoria, una que se define por ser más restrictiva y mucho menos predecible. Tiempos de espera de hasta medio siglo, la posibilidad legal de cancelar categorías enteras de solicitudes y una marcada división entre quienes ya están dentro y quienes aspiran a entrar dibujan un futuro incierto.
Las autoridades han adelantado que estas nuevas políticas y medidas se anunciarán formalmente en las próximas “dos o tres semanas”.
Ante este nuevo y complejo panorama, queda una pregunta inevitable: ¿estamos presenciando una simple “reestructuración” o el fin de la era de la inmigración canadiense tal como la conocíamos?
